El caso fue denunciado ante la Comisaría 2ª del barrio General Díaz, luego de una operación comercial concretada el lunes 19 de octubre, alrededor de las 14:30, en el local de STUDIO CENTER S.A., ubicado sobre la avenida Dr. Francia, entre Iturbe y Yegros, en el barrio Perpetuo Socorro.

De acuerdo con la denuncia presentada por Ángel Daniel Caballero Moreno, de 43 años, empleado de la firma, la negociación se habría realizado a través de WhatsApp con una persona identificada como Omar de Jesús Méndez. El monto total de la operación ascendía a G. 81.288.493, correspondiente a siete teléfonos celulares de la marca Apple, de los modelos iPhone 17 y 18 Pro Max.

Según los antecedentes del caso, el supuesto comprador habría efectuado el pago mediante un cheque del banco Itaú, depositado en una sucursal del Banco Continental por un hombre identificado como Ricardo Britos.

Una vez realizada la operación, los equipos fueron retirados del establecimiento comercial por otra persona, identificada como Cleber Samuel Morínigo, cuyos demás datos no fueron proporcionados.

El dinero no estaba disponible en la cuenta

La situación habría sido descubierta cuando el representante de la empresa verificó los movimientos de la cuenta corriente en el Banco Continental. En ese momento, constató que el importe correspondiente al cheque figuraba como saldo retenido, por lo que el dinero no estaba disponible para la firma.

Ante esta situación, surgieron sospechas sobre la legitimidad del pago y la operación comercial pasó a ser objeto de una denuncia por presunta estafa.

Los teléfonos fueron trasladados a Asunción

Las averiguaciones realizadas por la empresa permitieron establecer que los siete dispositivos habían sido enviados a Asunción mediante la transportadora Ruta III.

Según los datos aportados, los aparatos fueron retirados de la empresa transportadora durante la mañana del martes 20 de octubre por una persona identificada como José Luciano Servín Zárate.

Tras la presentación de la denuncia, el caso fue comunicado al Ministerio Público y a personal técnico del Departamento de Delitos Económicos y Financieros y de Crimen Organizado, que deberán avanzar con las diligencias para esclarecer lo ocurrido, determinar la participación de las personas mencionadas e intentar recuperar los equipos.

Hasta el momento, los hechos se encuentran bajo investigación y la eventual responsabilidad de los involucrados deberá ser establecida por las autoridades competentes.