Los cambios fueron establecidos mediante la Resolución N.° 3407, firmada el 8 de setiembre de 2026 por el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano R. Rolón Fernández, y entrarán en vigencia a partir del próximo 15 de setiembre.
En Capitán Bado, el abogado José Luis Torres Peña asumirá como titular de las unidades Electoral, Civil, Comercial, Laboral, Niñez y Adolescencia, mientras que la abogada María Ester Giménez Villalba cumplirá funciones interinas en la Unidad Penal Ordinaria N.° 2. Ambos reemplazarán en dichas funciones a la fiscal Sarita Bonzi García.
Bonzi García, a su vez, será trasladada a Pedro Juan Caballero, donde asumirá la titularidad de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico N.° 1, en reemplazo del abogado Celso René Morales Fernández.
Este último pasará a cumplir funciones en Horqueta, departamento de Concepción, como titular de las unidades Penal Ordinaria N.° 1, Laboral, Niñez y Adolescencia, además de intervenir en denuncias relacionadas con maltrato animal. En tanto, la abogada Claudia María Huespe García asumirá la titularidad de la Unidad Civil y Comercial.
La resolución también establece un procedimiento de transición mediante el cual los agentes fiscales deberán elaborar un inventario de las causas a su cargo, detallando el estado de los procesos, las evidencias existentes y los lugares donde se encuentran depositadas. La documentación deberá ser remitida a la Fiscalía General del Estado dentro de los ocho días establecidos.
Paralelamente a estas reasignaciones, fuentes señalan que podrían producirse nuevos movimientos de agentes fiscales en Pedro Juan Caballero, en el marco de una eventual renovación de algunas unidades.
Según las versiones recogidas, estos cambios estarían relacionados con la necesidad de revisar el manejo de determinadas causas y cortar posibles prácticas irregulares. En ese contexto, se mencionan supuestos pedidos de dinero de entre US$ 30.000 y US$ 50.000 a cambio de determinadas gestiones, entre ellas evitar imputaciones o procurar que causas judiciales queden sin efecto.
También existen versiones sobre una eventual connivencia entre algunos agentes fiscales, jueces, actuarios y asistentes fiscales para direccionar determinados procesos y obtener resultados favorables.
No obstante, estas acusaciones no constituyen hechos comprobados y deberán ser investigadas y corroboradas por las autoridades correspondientes. Los eventuales nuevos traslados y designaciones en Pedro Juan Caballero podrían formar parte de una estrategia destinada a renovar las unidades, fortalecer los controles y garantizar mayor transparencia e independencia en el tratamiento de las investigaciones.
La reestructuración dispuesta por la Fiscalía General del Estado marca así una nueva distribución de responsabilidades en la zona, mientras se aguardan otros posibles movimientos dentro del Ministerio Público en Amambay.
