El procedimiento se llevó a cabo este martes, alrededor de las 14:30, en el marco de la causa N.º 4270/2026, denominada “Persona innominada s/ invasión de inmueble ajeno”, a cargo del fiscal Santiago Martínez, de la Unidad Penal N.º 4 y Especializada en la Lucha contra el Abigeato.
Durante el operativo fueron detenidos Lenia Raquel Ríos Villalba, de 40 años, y Flavio Antonio Oliveira, de 41 años, quienes fueron individualizados durante las diligencias como presuntos referentes del grupo que habría ocupado el inmueble.
Ríos Villalba fue trasladada hasta la Comisaría 12ª de Mujeres, mientras que Oliveira quedó en la Subcomisaría N.º 9 de Colonia Yvype. Ambos permanecen en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público.
De acuerdo con la explicación brindada por el fiscal Martínez, el inmueble ya había sido objeto de una intervención anterior. En aquella ocasión, varias personas abandonaron voluntariamente el predio y posteriormente acudieron ante el Ministerio Público para dejar constancia de su salida.
Tiempo después, la Fiscalía recibió información sobre la presencia de un nuevo grupo de personas en el lugar. Ante esta situación, se solicitó un informe a la comisaría jurisdiccional, que confirmó la existencia de varias viviendas precarias dentro del inmueble.
A partir de las diligencias realizadas, fueron individualizadas algunas personas como presuntos líderes del grupo. Según Martínez, algunos de los nombres coincidían con los mencionados anteriormente por personas que habían abandonado el predio.
La investigación también reúne más de una decena de declaraciones testimoniales en las que se menciona un supuesto cobro de dinero por parte de los presuntos líderes. Siempre según los testimonios incorporados a la causa, se habría prometido a los ocupantes que posteriormente recibirían documentación relacionada con el inmueble proveniente de Asunción.
El fiscal aclaró que estos elementos se encuentran bajo investigación y que, conforme avance la causa, podrían adoptarse medidas respecto a otras personas mencionadas en las declaraciones.
Uno de los puntos aclarados por el Ministerio Público tiene relación con la presencia de las personas en el lugar al momento del procedimiento.
Martínez sostuvo que cuando llegaron los intervinientes, los ocupantes ya se encontraban fuera del inmueble, por lo que no fue necesario retirarlos mediante la fuerza.
Según explicó, se procedió a comunicarles la situación y se les permitió ingresar para retirar sus pertenencias, mientras que el propietario posteriormente tomaría las medidas correspondientes sobre el predio.
El fiscal remarcó que la actuación de la Fiscalía estuvo relacionada con la investigación de un supuesto hecho punible y con el cumplimiento de una orden de detención, y no con la ejecución de un desalojo.
Otro aspecto que generó aclaraciones fue la presencia de maquinarias en el inmueble y la posterior demolición de las precarias viviendas instaladas en el lugar.
Martínez señaló que las máquinas fueron llevadas hasta el sitio por el propietario, pero que no fueron utilizadas mientras él permaneció en el inmueble, debido a que desde el Ministerio Público se recomendó que no fueran empleadas durante la intervención fiscal.
Posteriormente, las viviendas fueron demolidas por personas que, según la explicación brindada, habrían sido contratadas directamente por el propietario del inmueble.
El procedimiento concluyó sin incidentes y los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer la presunta ocupación y determinar la eventual responsabilidad de las personas investigadas.
