La salida de los integrantes de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) del CRE fue formalizada el pasado 9 de noviembre, mediante una nota firmada por todos los miembros y presentada ante las autoridades educativas.

La licenciada Ana Liz Martínez, supervisora administrativa de la Dirección Departamental de Educación, confirmó que la renuncia fue comunicada tanto a la Dirección de la institución como a la dependencia departamental. La comisión estaba presidida por Analía Verónica Riquelme Otero, mientras que Norma Sueli Velázquez se desempeñaba como secretaria.

Actualmente, la documentación presentada por la comisión se encuentra bajo revisión, principalmente en lo relacionado con la rendición de cuentas. Según explicó Martínez, se busca verificar los comprobantes y demás documentos para posteriormente elaborar un informe detallado sobre la administración de los recursos.

Por otra parte, los equipamientos adquiridos por la ACE fueron entregados el miércoles 11 de noviembre y cuentan con su correspondiente acta de recepción. Estos elementos también serán incorporados al informe de verificación.

Una vez finalizado este procedimiento, los documentos y bienes serán puestos bajo resguardo de representantes de padres del CRE, en un encuentro que contará con la participación del director departamental de Educación. La medida apunta a garantizar la custodia de los bienes mientras se organiza la conformación de una nueva comisión.

RECLAMOS POR MÁS DE G. 200 MILLONES

La renuncia se produce después de las manifestaciones realizadas por estudiantes del CRE, quienes exigieron transparencia y explicaciones sobre el destino del dinero recaudado por la ACE.

Durante sus reclamos, los alumnos señalaron que la comisión manejaría una recaudación superior a los 200 millones de guaraníes y cuestionaron que, pese a esos ingresos, no se observen mejoras dentro de la institución que reflejen la utilización de dichos fondos.

Ante la presión estudiantil, todos los integrantes de la comisión decidieron dar un paso al costado. Ahora, la revisión de los documentos y la rendición de cuentas por parte de las autoridades educativas será clave para determinar cómo fueron administrados los recursos y dar respuesta a los cuestionamientos planteados por la comunidad educativa.